Las zonas afectadas no fueron víctimas de un cataclismo repentino. La cantidad de víctimas se debe a una serie de factores, incluyendo la construcción de barriadas sin planificación en terrenos no aptos, el hacinamiento y el uso de materiales inflamables.

El Estado ha fallado en los controles y en la implementación de alertas tempranas. La población denuncia que no se les avisó con suficiente antelación de la llegada de las llamas, y algunos se negaron a evacuar por temor a los saqueos.

Es inadmisible que en un país miembro de la OCDE, con su nivel de desarrollo, un incendio forestal cause más de un centenar de muertos. Chile enfrenta ahora una nueva prueba de madurez, donde la seguridad ciudadana y la respuesta a las catástrofes naturales deben ser prioridades.

El Estado debe asistir a las víctimas, investigar las posibles intencionalidades de algunos focos de incendio y castigar a los responsables. La reconstrucción debe ser una oportunidad para levantarse de las cenizas sin repetir los errores del pasado.

Chile ha demostrado capacidad de adaptación y resiliencia frente a grandes tragedias naturales. Ahora es el momento de responder al fuego, delineando un plan ambicioso de prevención con alertas tempranas efectivas y planes de evacuación eficientes. El cambio climático es una realidad y Chile debe adaptarse para evitar nuevas tragedias.